Exministros brasileños arremeten contra Bolsonaro

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Los exministros de Medio Ambiente de Brasil Jose Carlos Carvalho, Carlos Minc, Marina Silva, Rubens Ricupero, Izabella Teixeira, Sarney Filho y Edson Duarte también se pronunciaron contra las políticas de Bolsonaro. (Foto: AFP)

São Paulo, (AFP) El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha logrado unir a enemigos de distintas trincheras políticas para criticar los proyectos que amenazan los avances sociales de estos años en el país. Once exministros de Justicia de Brasil publicaron este martes un documento en el que alertan sobre “los retrocesos en el control de armas y municiones” a raíz de un decreto del presidente ultraderechista. Bolsonaro cumple la promesa de campaña de facilitar la compra y el uso de armas, revirtiendo una política de control de las administraciones anteriores.

Los que firman la carta, publicada el martes en el diario Folha de S. Paulo, están vinculados a partidos (como el PT y el PSDB) que son adversarios electorales y que formaron parte de los últimos cuatro Gobiernos de la democracia: los de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010); Dilma Rousseff (2011-2016), y Michel Temer (2016-2018).

Pese a sus diferencias ideológicas, hacen hincapié en lo que les une: “Cada uno de nosotros trabajó para que se estableciera en el país una política de regulación responsable de armas y municiones”, escriben. “Siempre tuvimos el compromiso de fortalecer los avances que consolidasen Brasil como una referencia de regulación responsable de armas y municiones en Latinoamérica y en el mundo”.

Los exresponsables de Justicia explican que la efectividad de las “políticas públicas depende de su continuidad, monitoreo y evaluaciones constantes, para que podamos perfeccionarlas y dar las respuestas a sus nuevos retos”. Todos consideran que “el control de armas es un tema central para enfrentar el crimen organizado y reducir los homicidios [64.000 en 2017]”.

Durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro prometió reiteradas veces que su Gobierno eliminaría el Estatuto del Desarmamento, aprobado por el Congreso en 2003. La legislación prohíbe que los civiles circulen con armas por las calles y establece normas y restricciones para la posesión en casa, además de mecanismos de control de producción, circulación y comercialización.

“Como exministros y ciudadanos, estamos convencidos de que ampliar el acceso a armas no es la solución para garantizar nuestra seguridad, nuestro desarrollo y nuestra democracia”, subrayaron.

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