Asamblea venezolana declara ilegal a Maduro

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El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, juró el 10 de enero de 2019 para un segundo mandato de seis años, desafiando a EEUU y gran parte de la comunidad internacional, que consideran a su gobierno ilegítimo. (AP Foto)

La Asamblea Nacional declaró formalmente el martes que Nicolás Maduro usurpa la presidencia de Venezuela y dijo que elaborará leyes para formar un eventual gobierno de transición, pero se abstuvo de dar el más decisivo paso de asumir directamente el control del poder ejecutivo.

En una resolución del martes, los legisladores se comprometieron a “aprobar el marco legislativo para la transición política y económica” de Venezuela, “fijando las condiciones jurídicas que permitan iniciar un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”.

Los legisladores, quienes también presentaron una ley de amnistía para militares y policías que rompan filas con el régimen de Nicolás Maduro, aprobaron la resolución de usurpación en medio de señales de que el presidente Donald Trump considera reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela.

Pero los partidos de oposición que controlan la Asamblea Nacional adoptaron un camino mucho más gradual, prolongando las extrañas circunstancias donde la presidencia de Maduro es declarada ilegal y nulos todos sus actos ejecutivos, pero el Parlamento se abstiene de llenar el vacío institucional con el nombramiento de un presidente interino.

Según la Constitución venezolana, el presidente de la Asamblea Nacional asume de inmediato la presidencia interina de la República de producirse una situación donde no hay un presidente electo que pueda asumir un nuevo período presidencial.

En un intento por justificar la tibia resolución del martes, los diputados se abstuvieron de declarar que la presidencia se encuentra vacante y utilizaron el más ambiguo término “usurpación de la presidencia” para evitar no nombrar a un presidente que remplace a Maduro.

Los legisladores argumentaron que la usurpación presidencial es una situación cuya solución no figura en la Constitución de la república, y por ende se requiere que la Asamblea Nacional apruebe leyes para organizar y postergar un gobierno de transición.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, el viernes 11 de enero en una concentración de opositores al gobierno, en el este de Caracas, (Foto: EFE)

Pero las verdaderas razones podrían ser de índole más políticas que legales, dijeron analistas. “Aquí el tema fundamental es conseguir el apoyo militar para que esto pueda hacerse efectivo”, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos, principal analista para América Latina de IHS Markit.

“El elemento más importante y el único obstáculo que no está permitiendo que se abran las puertas a una transición es la Fuerza Armada, que hasta ahora sigue demostrando que apoya a Maduro”, agregó.

En lo que respalda esa tesis, la Asamblea Nacional también aprobó una ley de amnistía para funcionarios civiles y militares que colaboren con “la restauración del sistema democrático”.

La estrategia gradual es adoptada por los diputados pese a señales brindadas por importantes voces de la comunidad internacional indicando que desde ya están considerando reconocer a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela.

Desde Washington, un alto funcionario dijo a McClatchy que Estados Unidos considera que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, es la única entidad legítimamente democrática en Venezuela.

“Estados Unidos está estudiando todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas en su arsenal en respuesta a la usurpación ilegítima del poder por el ilegal régimen de Maduro”, dijo Garrett Marquis, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, organización que agrupa a la mayoría de los más influyentes países de América Latina, ya anunciaron que no reconocen al presidencia de Maduro, considerando que el gobernante bolivariano no ha ganado legítimamente unas elecciones para un segundo período presidencial.

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