Filadelfia demandó al Dep. de Defensa

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Las armas de fuego en manos de personas no aptas o sin el derecho para usarlas son aún más mortíferas que de costumbre, como lo atestiguan las recientes masacres que ha tenido el país.

Por Polón Vásquez  Pvasquez3570@yahoo.com

La ciudad de Filadelfia se unió a las ciudades de Nueva York y San Francisco para demandar al Departamento de Defensa por los reiterados fracasos para informar ciertos antecedentes penales y datos de descarga deshonrosa para los miembros de los Servicios Militares en el Sistema Nacional Instantáneo de Antecedentes Penales (NICS).

Las leyes federales, así como las leyes en muchos estados, incluyendo Pennsylvania, prohíben a las personas con tales condenas penales o descargas deshonrosas de las Fuerzas Armadas comprar armas de fuego o recibir licencias relacionadas con armas de fuego.

En Filadelfia, la base de datos de NICS es una parte fundamental de las verificaciones de antecedentes que se utilizan para evaluar las licencias que se deben llevar.

“Filadelfia, que durante años ha estado plagada de violencia armada, confía en este informe cuando toma la decisión crucial de si se debe permitir que una licencia para llevar al solicitante lleve un arma de fuego”, dijo el alcalde Jim Kenney.

“Nos unimos a esta demanda porque informar estos registros es absolutamente crítico para esas decisiones. El sistema de verificación de antecedentes solo funciona si contiene los registros adecuados”, indicó Kenney.

La demanda busca una orden judicial y supervisión judicial para garantizar el cumplimiento continuo de las obligaciones del DoD de presentar registros al FBI para su inclusión en el sistema de verificación de antecedentes.

Si se concede, la orden judicial obligaría al Departamento de Defensa a garantizar que todos los registros de descalificaciones actuales y pasadas ​​se hayan enviado al sistema de verificación de antecedentes y garantizará que existan los sistemas adecuados para lograr el cumplimiento continuo y responsabilizar a los responsables de la presentación de registros.

“El fracaso del Departamento de Defensa para cumplir este mandato de presentación de informes es de larga data y está bien documentado, ya que data de dos décadas atrás de un informe del Inspector General de 1997”, dijo el abogado de Filadelfia Sozi Pedro Tulante.

“La precisión y la integridad de las bases de datos federales son cruciales para la capacidad de Filadelfia de evaluar adecuadamente la licencia para llevar aplicaciones y proteger la seguridad pública”, precisó Pedro Tulante.

El tema del informe del Departamento de Defensa a NICS se destacó a nivel nacional el mes pasado a raíz de los asesinatos de 26 feligreses en una iglesia de Texas.

El pistolero había sido condenado penalmente por la Fuerza Aérea, pero pudo comprar armas de fuego porque esa condena no había sido denunciada a NICS. Además del informe IG de 1997, las audiencias e informes recientes han documentado que las fallas continúan a una tasa del 20% al 30% en las bases de datos de huellas digitales y NICS.

Commonwealth mantiene el Sistema de verificación de antecedentes penales (“PICS”, por sus siglas en inglés) de Pennsilvania Instantáneo, que consulta a NICS de conformidad con los acuerdos entre la Commonwealth y el Departamento de Justicia.

Filadelfia, a su vez, verifica el PICS para determinar si se debe permitir que una licencia para llevar al solicitante lleve un arma de fuego como uno de los primeros pasos en su proceso de verificación de antecedentes.

PICS luego inicia una búsqueda en el solicitante en las bases de datos que componen NICS e informa a Filadelfia.

Si los registros de NICS indican que el solicitante no tiene permitido comprar un arma de fuego, la aplicación es denegada. Si los registros de NICS vuelven “limpios”, Filadelfia lleva a cabo una investigación adicional de verificación de antecedentes.

 

La demanda fue presentada hoy en un tribunal federal en el Distrito Este de Virginia. Además del DoD, los demandados incluyen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el Secretario de Defensa, los Secretarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y los directores de las entidades del orden público del Departamento de Defensa encargados de presentar los registros.

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