Filadelfia demanda al Attorney General

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La Ciudad de Filadelfia interpuso una demanda federal contra el Fiscal General de EEUU Jeff Sessions, en la foto, quien está limitando la entrega de fondos federales a la Ciudad, con base en nuevas condiciones de índole político.

EN DEFENSA DE LOS INMIGRANTES

El miércoles Filadelfia se convirtió el miércoles en la última “ciudad santuario” en demandar al Attorney General Jeff Sessions por establecer las restricciones en materia de leyes migratorias que impuso como condición para recibir un subsidio federal.

La Ciudad le solicita al tribunal que evite que el Fiscal General Sessions incorpore condiciones ilícitas al Programa de Subvenciones de Asistencia de Justicia en Memoria de Edward Byrne (Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, JAG).  Estas nuevas condiciones, anunciadas el 25 de julio de 2017 —apenas un mes antes de la fecha límite de solicitud— le exigen a la Ciudad (1) que certifique el cumplimiento de la Sección 1373 del Título 8 del Código de los Estados Unidos; (2) que le proporcione a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) una notificación con 48 horas de antelación sobre la “liberación programada” de prisioneros de interés; y (3) que le conceda acceso libre a la ICE para entrevistar a los reclusos del sistema penitenciario de Filadelfia.

“Por lo que sabemos, estas condiciones de subvenciones sin precedentes son de índole enteramente política”, dijo el alcalde Kenney. “La gestión de Trump afirma que está imponiendo estas condiciones a fin de mantener mejor protegidos a los residentes de Filadelfia, pero lo hechos no mienten. Filadelfia no está infringiendo la ley federal. Estamos ejecutando una política inteligente, y como resultado, en 2016 tuvimos el nivel de delincuencia más bajo que hemos tenido en 40 años. No permitiremos que esta gestión interfiera con nuestros esfuerzos prolongados de sacar de las sombras a los miembros de la comunidad inmigrante de Filadelfia”, agregó el alcalde.
La Ciudad recibió $1.6 millones de parte del programa JAG el año pasado y ha recibido una asignación promedio de $2.2 millones en los últimos once años. Este financiamiento se utiliza en prioridades que abarcan horas extras de la policía y mejora de equipos, modernizaciones de la tecnología de los tribunales, capacitación para las fuerzas de orden público y programas alternativos para infractores de bajo nivel.

Aunque el Fiscal General administra la subvención, el Congreso estableció el programa JAG para ayudar a las fuerzas de orden público a combatir la delincuencia. En su demanda, la Ciudad sostiene que AG Sessions ha anunciado nuevas reglas para este programa fuera del estatuto federal que creó el programa y ha excedido su autoridad al cambiar el programa de una manera que el Congreso nunca tuvo prevista. E incluso si el Congreso hubiera pretendido implementar tales condiciones, esto violaría la Constitución de los EE.UU. y los límites que ésta establece en lo que el gobierno federal puede insistir que las localidades hagan a cambio de fondos.
El procurador de la ciudad, Sozi Pedro Tulante, añadió: “Las condiciones relacionadas con la inmigración del Departamento de Justicia no tienen nada que ver con el fortalecimiento del sistema judicial penal de la Ciudad, que es de lo que trata el Programa Byrne JAG. Por lo tanto, estamos solicitando que un tribunal intervenga y reconozca que el Fiscal General carece de autoridad para imponer cualquiera de estas condiciones”.  Fundamentalmente, el Fiscal General no puede utilizar este financiamiento vital para las fuerzas de orden público como una forma para obligar a Filadelfia a implementar la política de inmigración federal, y a su vez, aumentar el temor y la ansiedad entre los residentes inmigrantes”.
Específicamente, la demanda de la Ciudad le pide al juez federal que (1) determine que es ilegal que el Departamento de Justicia imponga las tres nuevas condiciones al financiamiento del programa JAG en memoria de Byrne; (2) prohíba al Departamento de Justicia implementarlas; y (3) determine si la imposición de la Sección 1373 en conexión con el financiamiento de la subvención se considera lícita, que la Ciudad ha certificado adecuadamente que, de hecho, cumple con el estatuto.  La Ciudad envió su certificación de cumplimiento con la Sección 1373 el 22 de junio de 2017.

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